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El reciente Anteproyecto de Ley de reforma tributaria aprobado por el Consejo de Ministros incluye una amplia reforma del sistema tributario español en base a los principales impuestos que lo definen y de la Ley General Tributaria.
Pero, ¿qué recoge realmente la Ley General Tributaria? Esta ley clasifica los tributos en contribuciones especiales, tasas e impuestos estatales. De estas tres figuras tributarias los impuestos son, sin duda, la más importante. Los impuestos de titularidad estatal son divididos, desde el punto de vista presupuestario, en impuestos directos e indirectos.
Los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio son cinco en nuestro sistema español: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); el Impuesto sobre Sociedades; el Impuesto sobre la Renta de No Residentes; el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Por su parte, los impuestos indirectos actúan sobre tres grandes grupos de impuestos: los que gravan el consumo (Impuesto sobre el Valor añadido –IVA- e Impuestos Especiales), los que gravan el tráfico económico exterior (Tributos de la Renta de Aduana) y los que gravan el tráfico patrimonial no empresarial (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).
A partir de estas premisas podemos entender mejor como funciona nuestro sistema tributario y, por ende, comprender el anteproyecto de la reforma preparada por el gobierno.
Entre las principales premisas que sustentan esta propuesta de reforma que se aplicará en dos fases (2015 y 2016), se encuentran:
– impulsar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo,
– mejorar la competitividad de las empresas a través de la modernización del sistema tributario, para favorecer tanto el ahorro a medio y largo plazo como la inversión,
– rebajar de manera gradual los impuestos de los contribuyentes, especialmente a los que perciben rentas bajas y medias,
– elevar la equidad, buscando principalmente el beneficio de las personas y familias con discapacidad,
– e impulsar la lucha contra el fraude.
En términos generales, esta reforma debía plantearse como un sistema tributario que fuera fácil de entender por el ciudadano, al mismo tiempo que autosuficiente y protector con el desarrollo social y la unidad de mercado. Sin embargo, el resultado ha sido la proclamación de una serie de medidas que encierran muchas particularidades difíciles de digerir:
– Reducción del número de tramos en el IRPF que pasa de 7 a 5, y una rebaja media de todos ellos del 12,5%.
– Reducción del Impuesto de Sociedades del 30% al 25%.
– Aumento de los mínimos familiares de hasta el 32%.
– Nuevo régimen en materia de IVA para los servicios de telecomunicaciones y prestados por vía electrónica no establecidos en la Comunidad.
– Nuevo paquete de medidas para mejorar la Ley Antifraude aprobada en 2012, como mejoras en el procedimiento inspector.
Como podemos comprobar, el anteproyecto de la reforma diseñado por el Gobierno se ha centrado principalmente en los dos grandes impuestos directos de nuestro sistema español: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades. En ambos casos se detallan los porcentajes a percibir en función de la situación particular de cada ciudadano y se profundiza en casos concretos. El resto de medidas parecen todavía demasiado recientes y a falta de establecer parámetros más sólidos. De aplicarse estas medidas, el aumento del PIB sería del 0,55% en 2015-2016 y, como consecuencia, se produciría al mismo tiempo una bajada de las retenciones, al disponer los contribuyentes de una renta disponible mayor desde enero de 2015.
De este modo, de un modo u otro todos salimos ganando con la propuesta de esta reforma fiscal, sin embargo no queda del todo claro quiénes percibirán mayores beneficios y cómo se percibirá esa mejoría.
En los siguientes artículos descifraremos el complejo jeroglífico de la reforma fiscal, recabando todos los matices para entender mejor el impacto qué dichas medidas puede tener sobre nuestra economía particular.
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